La Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, Condenada por Ineficiencia

En agosto de este 2019 se cumplen cinco años de la promulgación de la Ley 311-14 sobre el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio que, entre otras cosas, procura promover la gestión ética de los funcionarios públicos, pero que se ha quedado corta en sus propósitos. Las constantes violaciones que sufre y la poca persecución a sus infractores, condenan la legislación a una ineficacia que solo podría superar con una modificación, según plantean algunos especialistas del área.

La Ley 311-14 establece la obligatoriedad de los funcionarios públicos a declarar su patrimonio y pone en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) la responsabilidad de fiscalizar su cumplimiento y de informar a la Procuraduría General de la República para que lo investigue. Sin embargo, a la fecha no se conocen procesos de investigación abiertos contra funcionarios por no declarar a tiempo, pese a que las violaciones a la legislación son constantes desde que se aprobó el 8 de agosto de 2014.

La Cámara de Cuentas registra 3,820 funcionarios que no habían hecho su declaración al 15 de febrero pasado, fecha cuando la Oficina de Evaluación y Fiscalización realizó el último listado de omisos. Los que han declarado suman 7,485.

La no declaración a tiempo constituye un delito que la Ley 311-14 tipifica como faltas graves o de tercer grado. Dichas faltas recibirán las sanciones previstas en la Ley 41-08, sobre Función Pública, que entre otras, establece la destitución del funcionario.

Historial de violaciones

A dos años de la promulgación de la Ley 311-14, el Laboratorio Padre José Antonio Esquivel, del Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), alertaba que apenas el 37 % de unos 6,216 funcionarios que debían hacer declaración jurada de patrimonio, había cumplido esa disposición.

El dato estaba contenido en el primero de seis boletines que desde julio de 2016 ha realizado el laboratorio a modo de seguimiento de la legislación.

El segundo boletín cubrió el periodo noviembre 2016-enero 2017. El documento citó datos de la Cámara de Cuentas que indicaba que el 91 % de unos 5,183 funcionarios designados, electos, reelectos o cesantes que debían haber sometido su declaración, no lo había hecho y que el 4 % lo presentó fuera de tiempo.

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